Aunque el bitcoin no ha muerto la mayoría de las noticias relacionadas con la moneda virtual parecen apuntar a que su salud empeora. No es que la opinión de las entidades dedicadas a regular la actividad económica en el mundo suponga un límite automático a la circulación, pero van minando sus posibilidades. El último golpe ha llegado de parte de la Security and Exchange Comission de los Estados Unidos, organización que se dedica a regular el mercado de capitales y proteger a los inversores. La SEC alertó contra el bitcoin y todas las monedas virtuales.
Uno de los puntos señalados como parte del riesgo es la corta existencia del bitcoin. Como una invención reciente, el Bitcoin no tiene establecido un registro rastreable de credibilidad y confianza, señala la agencia.
La SEC también señala que la tecnología con la cual se distribuye el bitcoin puede dar lugar a numerosas ocasiones de robos, fraudes y fallos. Entre las señales de peligro la entidad advierte: supuestas garantías de altos retornos de inversión, ofertas no solicitadas, presencia de vendedores sin licencia, no necesidad de acreditaciones para inversores, presión para comprar en el momento y el conocido brillo de lo que es demasiado bueno para ser verdad. Las marcas de peligro son las mismas que las advertidas en otros casos de fraude financiero por medios más tradicionales.
Como antecedente inmediato de los riesgos de las monedas virtuales se cita el fin de la empresa Mt. Gox y la pérdida de USD 28 millones en bitcoins por parte de los inversores. Aunque la tecnología de criptografía de la moneda virtual es considerada por muchos expertos como sólida, el antecedente citado parece darle la razón a la SEC, al menos en su recomendación de prudencia. Mt. Gox fue particularmente negligente en la forma en que implementó sistemas de seguridad en su sistema, por lo que no necesariamente supondría un caso de confirmación de los temores de la agencia. Sin embargo, si viene al caso para otro de los puntos señalados. La entidad advirtió que pueden existir problemas a la hora de investigar casos relacionados con la moneda virtual. Esto implica que los inversores tienen un menor nivel de protección en ese plano. La causa de estas dificultades es la no presencia de las entidades bancarias y la ausencia de una autoridad centralizada.
