Hace unos días el gobierno argentino suspendió los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento así como la evaluación de las presentaciones de las empresas que querían acceder a dicho beneficio.
Uno de los puntos que los funcionarios a cargo expresaron como justificación fue que no existía una regulación adecuada sobre quíenes podían acceder. Aspectos tales como la escala de las empresas o los sectores involucrados no eran mencionados.
Luego de la conmoción y preocupación inicial las aclaraciones han comenzado a tomar su sitio.
Industria y sector
El Ministerio de Desarrollo Productivo quiere corregir la reglamentación para que se distinga claramente que actividades están incluidas. También se ha vuelto a afirmar que el espíritu de la ley es muy bien valorado.
El sector dedicado al software parece fuera de toda duda, y la CESSI (Cámara de la Industria Argentina del Software) ha señalado que está trabajando junto a la subsecretaría de Economía del Conocimiento para la elaboración de nuevas alternativas.
Otro aspecto clave es la orientación hacia las PYMES, para que sean las que más beneficios reciban y puedan acceder a ellos con mayor rapidez.
Aunque las grandes empresas de software del país no perderán muchos de los beneficios de los que han gozado hasta el momento, es probable que no reciban el mismo tratamiento que las firmas más pequeñas.
Un mal paso
Todo lo dicho parece indicar que en términos generales la situación será similar a la que se ha dado hasta el momento. El fomento a la industria del software puede ser uno de los pocos aspectos en los que no se produzca grandes variaciones de política al cambiar el partido político en el gobierno.
Sin embargo la suspensión de los beneficios ha sido vista como un paso torpe y que generó muchas dudas.
