En Abril de 2019 la ciudad de Buenos Aires presentó el sistema de reconocimiento facial de prófugos. En su etapa inicial supuso una red de 300 cámaras de vigilancia ubicadas en calles y estaciones de subterráneo y la puesta en juego de un registro de más de 40 mil personas, entre ellas 1300 buscadas por homicidio, 1500 por delitos sexuales y 2300 por narcotráfico.
Según datos oficiales durante los primeros tres meses de funcionamiento el SRFP ayudó a capturar a unos 226 prófugos.
Pero el nuevo sistema no ha sido bien recibido por la Asociación por los Derechos Civiles, que ha pedido que se declare inconstitucional a la resolución 389/19 de la ciudad que lo puso en marcha.
Según la ADC “El reconocimiento facial, cuando se lo aplica con fines de vigilancia policial, se convierte en una tecnología desproporcionada que, además de no contar con las bases legales apropiadas, afecta gravemente los derechos y las garantías constitucionales de todas las personas que desarrollan su vida en la ciudad”.
El organismo apuntó a la falta de evaluaciones sobre el impacto que el sistema tendría sobre la vida de todos los ciudadanos, así como criticó que quienes trabajan o habitan en la ciudad no hayan tenido la posibilidad de expresar su opinión sobre este recurso.
De un modo más general, la ADC sostiene que la tecnología de reconocimiento facial no pertenece al espacio público.
Antecedentes
Como hemos señalado en varias ocasiones el principal problema con la tecnología de reconocimiento facial es que todavía no es confiable. Por ejemplo, su implementación en algunas calles de Londres produjo una gran cantidad de falsos positivos.
La desconfianza respecto a esta tecnología ha llevado a que algunas ciudades en Estados Unidos prohibieran su uso de modo preventivo.
