Interpol condenará el uso de sistemas de encriptado que impiden a las fuerzas policiales realizar sus tareas de investigación. En particular se pondrá énfasis en los delitos sexuales contra los menores.
El viernes se realizará la conferencia que reúne a los miembros del grupo en Francia. La resolución, impulsada por el FBI de los Estados Unidos, será sometida a una votación en la que participarán representantes de 60 países.
La iniciativa cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Estos países han señalado la necesidad de atrapar a los predadores sexuales como una de las razones para que las compañías mantengan cierto nivel de accesibilidad en sus comunicaciones en caso de presentarse una orden judicial válida.
“Los proveedors de servicios, los desarrolladores de aplicaciones y los fabricantes de dispositivos están desarrollando y distribuyendo productos y servicios de encriptado que efectivamente ocultan la explotación sexual de los niños que se producen a través de sus plataformas”, señala el borrador de la resolución.
Pedido, presión y riesgos
La resolución no tendrá la fuerza de una ley, ni se traducirá, al menos en el corto plazo, en nuevas leyes en los países miembros. Sin embargo tiene como objetivo establecer presión sobre las empresas tecnológicas para que incluyan mecanismos en sus sistemas de encriptado que permitan a las autoridades obtener acceso.
Como es obvio la iniciativa puede no ser tan problemática en países democráticos, pero puede servir como excusa en regímenes despóticos para establecer leyes en contra de estos mecanismos que aseguran la privacidad de los usuarios. Rusia y China son claros ejemplos de la intervención de los estados en la búsqueda de un mayor nivel de control sobre lo que hacen y dicen sus ciudadanos.
