Miércoles, 19 de Junio de 2019

Las grandes empresas de Internet podrían ser consideradas responsables por sus contenidos

Actualmente las compañías con sede en Estados Unidos gozan de inmunidad. Esto impide que se las demande por las malas prácticas de sus usuarios. Una nueva ley podría cambiar esta situación, aunque varios detalles hacen pensar que tiene un objetivo político.

Una nueva propuesta llevada al congreso de los Estados Unidos podría hacer que las grandes empresas del mundo de Internet sean consideradas responsables por el contenido dañino que se publique en sus plataformas.

Empresas como Facebook o YouTube han tenido grandes problemas para controlar o moderar sus contenidos. Esto les ha traído como consecuencia las críticas de los usuarios, la pérdida de una gran cantidad de anunciantes y la atención de los entes reguladores de varios gobiernos.

Como consecuencia del daño sufrido en su reputación, tanto el partido demócrata como el republicano han encontrado bastante apoyo en sus esfuerzos por controlar el accionar de las grandes tecnológicas con sede en los Estados Unidos.

La nueva propuesta

El senador Josh Hawley, del partido republicano, ha impulsado la exclusión de estas empresas de la protección especial considerada en el Acta de Decencia en la Comunicación, que impide que se las haga responsables por los contenidos ilegales publicados por sus usuarios.

Esta nueva condición solo se aplicaría a las empresas que tengan más de 30 millones de usuarios activos en los Estados Unidos, más de 300 millones a nivel global o más de USD 500 millones de ingresos a nivel global.

Hecha la ley y la trampa

La idea no es extraña para los demócratas, que también han considerado una acción similar. Sin embargo la propuesta de Hawley tiene algunas particularidades.

Por un lado se señala que su objetivo es promover una moderación de contenido que sea políticamente neutra. Por tal razón las empresas podrían conseguir una excepción a las condiciones de la nueva normativa, es decir recuperar su inmunidad, si permiten que se examinen sus algoritmos y sistemas de moderación para demostrar que no tienen ningún tipo de prejuicio político.

Lo dicho supone que el contenido tóxico relacionado con discriminación sexual, racial o religiosa podría no ser penado mientras las empresas hayan demostrado que no perjudican a los contenidos políticos. La idea de que las empresas desfavorecen a los autores conservadores es una creencia muy extendida en el partido republicano.

Por supuesto, este conflicto político local tendrá consecuencias internacionales.

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