La Corte Suprema de Estados Unidos está evaluando la validez constitucional de una nueva técnica policial. El recurso es conocido como geovallado (geofencing) y es empleado para establecer criterios de búsqueda de información cuando se produce un delito.
Un perímetro virtual
La idea es relativamente sencilla y no exige en sí una tecnología diferente a la que hemos tenido a disposición desde hace ya varios años. Una vez que se comete un hecho delictivo la policía establece un perímetro alrededor del sitio.
En base a este parámetro se pide a una o varias empresas de servicios tecnológicos que identifiquen a cualquiera de sus usuarios que haya ingresado a la zona durante un periodo de tiempo específico. Es decir, cuando se cree se produjo el acontecimiento investigado.
El sistema se basa en el historial de localización de Google que muchas aplicaciones usan para brindar mejores servicios u ofertas a sus usuarios.
La compañía exige la presentación de una orden judicial para suministrar estos datos. La policía ha estado realizando este procedimiento.
La discusión
La constitución de Estados Unidos protege a sus ciudadanos contra búsquedas no razonables en sus hogares, posesiones y persona, salvo que la policía obtenga una orden judicial y apunte a evidencia relacionada con un crimen.
El problema que tiene en frente la corte suprema es que debe decidir como se adaptan los parámetros del siglo XVIII al siglo XXI. Hasta ahora los magistrados han optado por proteger la privacidad de la ubicación de las personas para evitar un escenario de vigilancia gubernamental.
Sin embargo, la aplicación del sistema geovallado ha demostrado su eficacia. En un caso de robo a un banco en el estado de Virginia la policía no tenía otra evidencia del culpable que testimonios de que había hablado a través de su teléfono móvil durante el asalto. Se pidió la orden judicial para el perímetro virtual y esta fue aprobada.
Unos 19 dispositivos fueron identificados por Google como habiendo estado presentes en el momento y lugar indicado. Aunque la empresa al principio no quiso identificar a los usuarios, luego de negociaciones se redujo la cantidad de sospechosos a 9 y luego a 3. Uno de los usuarios fue arrestado por el delito, los otros demostraron ser completamente ajenos a lo ocurrido.
