Instituciones del gobierno mexicano son las preferidas de los hackers 

Literalmente desprotegidas al carecer de tecnología de punta, algunas de las principales instituciones del gobierno mexicano han sido vulneradas reiteradamente por hackers que trataron de colapsar la red gubernamental a lo largo del último año, según una investigación realizada por Milenio.com.

Dependencias como las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República informaron a ese medio haber sido blanco de ataques orquestados por delincuentes cibernéticos que intentaron y a veces lograron penetrar sus defensas para acceder a información clasificada, pese a que hay secretos de Estado en sus redes.

Incluso la Presidencia de la República aceptó no ser inmune y advirtió que el gobierno federal se encuentra en riesgo frente a un “arsenal de armas” virtuales en manos de bromistas así como la delincuencia común y organizada.

Además, en respuesta a distintas solicitudes de información realizadas a lo largo de un periodo de varios meses, distintas dependencias dieron cuenta de “incidentes” en los que piratas cibernéticos trataron y en ocasiones lograron superar sus firewalls con virus informáticos.

Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública señaló que tan sólo en mayo de 2009 registró un récord de 509 ataques a sus servidores, mientras que la Procuraduría General de la República admitió haber detectado una infección con el virus klif, un spyware capaz de retransmitir información de una computadora a otro usuario.

Asimismo, la Gobernación enlistó haber detectado en sus servidores los siguientes virus: Backdor.win32.Agent.sca, Word.win32.autorun.cww, worm.win32-autorun.dcm, Trojan.win32.Agent.ayck, IRC-Worm.win.32.small.bg y email-worm.win32.Brontok.q.

Por otro lado, la Presidencia de la República clasificó como reservada por 12 años toda la información referente a ataques a sus servidores, los más visitados dentro de todo el gobierno federal.

“Esta información se encuentra clasificada como reservada”, expuso la Presidencia, que se amparó en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Transparencia para negar los datos, bajo el argumento de que revelarlos “proporcionaría información respecto de las vulnerabilidades de la red institucional”.