Hace unos días el presidente de Argentina, Alberto Fernandez, emitió un decreto declarando varios servicios de tecnología y comunicación como públicos, esenciales y estratégicos.
Esto supone un gran impacto para la industria de la telefonía fija, la telefonía móvil, Internet y la televisión paga. El decreto fue presentado como una acción que busca garantizar el acceso a estos servicios.
El DNU ha tomado por sorpresa a las empresas del sector y despertado críticas tanto de parte de los analistas económicos como de los tecnológicos.
Mesa Industria TIC
En la Mesa Industria TIC participan los grandes operadores: Claro, Telecentro, Telecom, Telefónica, Huawei, ATVC, y otros.
En una reciente publicación el grupo ha señalado que la nueva clasificación no tiene como objetivo garantizar el acceso a los medios de comunicación, sino intervenir en la gestión de los mismos.
También ha advertido que este tipo de intervención produce un nivel de incertidumbre sobre el sector privado que provoca una disminución en la inversión necesaria para el desarrollo.
CABASE
La Cámara Argentina de Internet, CABASE, ha advertido que el reciente DNU que establece a Internet como un servicio público esencial y estratégico pondría en riesgo a más de 1200 PyMEs y cooperativas.
Según este organismo el decreto 690/20 no tiene en cuenta las condiciones en las que operan estos prestadores.
En particular la permanente realización de inversiones en redes y equipos cuyo costo está establecido en dólares en un 80% de los casos y que debe enfrentarse sin ningún tipo de sistema de financiación, por lo que solo se sustentan en el pago de los clientes.
Esto provocaría que en el actual escenario de competencia la supervivencia de estos pequeños operadores se vea aún más amenazada por las grandes compañías y se produzca eventualmente un proceso de concentración.
CABASE también advierte que nombrar un servicio como público y esencial no supone una extensión automática del mismo o una mejora de calidad.
Falta de claridad
Uno de los problemas del DNU es que carece de claridad en varios puntos, lo que hace suponer que su implementación o bien será poco o efectiva o quedará libre a la discreción del poder de turno.
Al final, quién fija el precio? Los licenciatarios y las licenciatarias o la autoridad de aplicación?
Cuántas preguntas para un viernes por la noche pic.twitter.com/KSwuZMGyF3— Enrique Carrier (@enriquecarrier) August 22, 2020
Necesidad y respuesta
Es cierto que en Argentina todavía existe una gran cantidad de hogares sin, por ejemplo, acceso a Internet. Según CABASE el 37% de los hogares argentinos carecen de conexión a Internet fija.
Por otro lado también es cierto que aunque la competencia sirve para reducir los precios la situación no es pareja en todo el país y hay regiones donde solo existe un prestador disponible.
Las empresas tecnológicas también son responsables a menudo de brindar un servicio mediocre, o desparejo según la región y aumentar los precios sin avisarle a sus usuarios. Por dicha razón el congelamiento de los precios es sin dudas la parte más simpática del decreto. Aunque mientras el país mantenga su inflación la diferencia causará un impacto tarde o temprano.
Como algunos críticos han señalado, en Argentina solo el 70% de las casas tienen cloacas, el agua corriente solo alcanza al 89% de los hogares y el gas al 70%.
Incluso si las conexiones a Internet fija aumentan solo el 60% de las casas tienen una computadora, y solo el 41% de la población las usa.
Una intervención del estado más directa no garantiza una mejora en el servicio. Curiosamente los programas nacionales de mejora de acceso a Internet realizados en colaboración con las pequeñas y medianas prestadoras si han demostrado su eficacia.
