En el mundo del comercio online la mejor inversión de todas es posiblemente la corrupción.
Al menos es lo que parece indicar un reciente informe del Departamento de Justicia Estadounidense.
Un grupo de 6 vendedores pagaron sobornos por un valor de USD 100 mil a por lo menos 10 empleados y contratistas de Amazon con el objetivo de conseguir ventajas comerciales para sus empresas.
Este esquema delictivo se produjo entre mediados de 2017 hasta septiembre de 2020 y supuso ingresos superiores a los USD 100 millones.
Productos no permitidos
Los vendedores consiguieron que los empleados restauraran sus cuentas que habían sido suspendidas por haber vendido productos peligrosos. También lorgraron que se suspendieran las cuentas de otros vendedores fraudulentos que competían con ellos.
El Departamento de Justicia señaló que la restauración fraudulenta de productos incluyó, entre otros: suplementos dietarios que habían suspendido por quejas vinculadas a la seguridad de los consumidores, electrodomésticos que fueron clasificados como inflamables y productos de consumo apartados por violaciones de propiedad intelectual.
Uno de los vendedores reinstalados había sido suspendido por manipular la calificación de productos, contactarse de forma impropia con un comprador y otras infracciones.
Acceso privilegiado
Los empleados también le ofrecieron a los vendedores ventajas sobre sus competidores. Esto se dio a través de información sobre las cuentas, lista de precios, ingresos y clientes de las empresas. También se suministraron datos de campañas de publicidad y proveedores.
Finalmente, se suministró información sobre el modo en que funcionaban los algoritmos de Amazon permitiendo de esta manera que se inundaran de falsas reseñas negativas las listas de productos.
Si todo lo anterior no hubiera sido suficiente las empresas involucradas consiguieron espacio adicional no autorizado en los almacenes de Amazon.
Cargos
Los vendedores fueron acusados de conspiración para utilizar un sistema de comunicación para cometer soborno, conspiración para acceder a una computadora sin autorización, conspiración para fraude, y fraude por comunicaciones electrónicas. La mayoría de los cargos supone 5 años en prisión, el último unos 20.
