Miércoles, 16 de Octubre de 2019

Twitter aclara una vez más porque no sanciona las cuentas de los políticos

Twitter mantiene una postura similar a la de Facebook en relación al tratamiento de las celebridades. Si el interés público de un tuit es mayor al daño que puede producir entonces no lo eliminará de su plataforma.

Uno de los problemas que han tenido que afrontar las redes sociales, y sin dudas tienen muchos, es el mal uso de sus plataformas por parte de figuras reconocidas del mundo de la política. Los usuarios a menudo se han quejado de que son sancionados por faltas que son cometidas por ministros, diputados o presidentes, sin que estos reciban advertencia alguna.

Twitter ha querido aclarar a través de una reciente publicación en su blog que los líderes mundiales no están por encima de sus políticas de uso, y que de ser necesario impondrá sobre sus cuentas las medidas disciplinarias correspondientes.

Todo eso suena bien en teoría, pero rara vez se ve llevado a la práctica.

El interés público

Twitter ha comentado que las decisiones que debe tomar no son sencillas. Y hay que reconocer que en parte tiene razón. Si un político dice algo espantoso eliminar la publicación puede evitar que las personas se enteren de un aspecto negativo de dicha figura pública que muy probablemente deberían considerar.

La compañía ha señalado lo siguiente:

El objetivo primario es crear un espacio de participación en la conversación pública que sirva para informar sobre lo que sucede en el mundo.

Si un tuit de una figura pública viola las reglas de la plataforma pero supone contenido de interés público, no será eliminado, sino que se le impondrá una nota que detalle el incumplimiento de las normas.

Ofensas sancionables

Las acciones punitivas estándares se llevarán a cabo en varios casos. Por ejemplo, cuando se promueva el terrorismo.

Por la incitación a la violencia contra un individuo.

La publicación de información privada sobre una persona que no sea parte del ámbito público.

La publicación y difusión de imágenes privadas sin consentimiento.

Acciones relacionadas con la explotación infantil.

Promoción de acciones autodestructivas.

El problema es que en muchos casos se ha visto a políticos y figuras públicas romper estas mismas normas sin mayores consecuencias. El interés público, aunque sin dudas un argumento válido, termina siendo una excusa útil para la inacción.

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