Al cierre de este post, faltaban menos de 36 horas para el 7 de diciembre (o simplemente “7D”), fecha en la que vence el plazo de la cautelar pedida por el Grupo Clarín para “congelar” la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y los cruces judiciales entre ambos bandos se viven minuto a minuto.
El Ministerio de Justicia de la Nación recusó a todos los miembros de la Cámara Civil y Comercial, denunciando que los camaristas Francisco de las Carreras y Graciela Medina poseen vínculos con el Grupo Clarín. Según la presentación, De las Carreras viajó a Miami para participar de un seminario que habría sido organizado y financiado por Clarín, en tanto que el marido de Medina, Julio César Rivera, tiene como cliente a Cablevisión.
Por otra parte, el ministro de Justicia Julio Alak argumentó que “el fuero competente es el Contencioso Administrativo, pero el Grupo Clarín buscó este fuero que se basa en cuestiones del sistema privado. Esta es la primera irregularidad que encontró el Estado Argentino”.
Además, el funcionario remarcó que “la posibilidad de que la sala 1 de la Cámara Civil y Comercial pretenda extender la cautelar más allá del 7 de sería un alzamiento contra una ley de la Nación” y que el Estado “sufrió una denegación de justicia, porque la causa que inició el Grupo Clarín es tomada por un fuero (Civil y Comercial) que no es competente”.
En tanto, Clarín calificó a la medida como “un hecho inédito en democracia” y que se trata de una “maniobra dilatoria” que contradice a la orden de la Corte Suprema de no demorar más la resolución del conflicto. También citó el fallo del Máximo Tribuna que indica que De las Carreras fue invitado por CERTAL, una “organización ajena al litigio”, que el Gobierno vincula al Grupo Clarín.
Con respecto a la Ley de Medios, Clarín criticó este miércoles a los nuevos reglamentos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), uno de los cuales incorpora la figura de “transferencia de oficio”. Esto contempla el llamado a concurso no sólo de las licencias que poseen los grupos mediáticos, sino también a los edificios y equipamientos.
El principal cambio se relaciona con la “transferencia de oficio”: además de las licencias, ahora incluye también a los bienes de los medios que el organismo oficial pretende transferir a otros dueños . Esto significa que los edificios, oficinas, cámaras, computadoras y hasta los escritorios que se usan en un canal de televisión o en una operadora de TV por cable irán a concurso junto con las licencias.
La Resolución 2206, vigente desde el 5 de diciembre, indica que se deben transferir “la totalidad de las licencias y de los bienes imprescindibles afectados a ellas de los licenciatarios que no hayan presentado su Propuesta de Adecuación Voluntaria hasta el 7 de diciembre”.
