Hace unos meses el gobierno español anunció una serie de medidas para regular las redes sociales. Dos de los aspectos más importantes eran la prohibición del acceso para los menores y el establecimiento de la responsabilidad de los ejecutivos ante la aparición de contenido ilegal o vinculado al discurso del odio. Este miércoles el presidente de España, Pedro Sanchez, presentó el sistema HODIO (Huella del Odio y la Polarización). El objetivo de esta herramienta es analizar la difusión de los mensajes de odio así como también el papel que los algoritmos pueden tener en la reproducción del contenido polarizante.
Medir, analizar, exponer
Sanchez calificó al espacio digital como un sitio sin reglas y a las redes sociales como un estado fallido.
HODIO será empleado para producir indicadores que permitirán rastrear el desarrollo del discurso del odio. Con ellos podrán observarse patrones de propagación y entender la incidencia de las diversas plataformas. El primer mandatario señaló que cuando algo es medido deja de ser invisible. Cabe apuntar que los resultados obtenidos serán de acceso público. El gobierno quiere que los ciudadanos sepan como actúa cada empresa, quienes se preocupan por el problema y quienes sacan partido del contenido nocivo.
De los datos a la acción
HODIO analizará grandes cantidades de información vinculadas a las redes sociales. Los datos obtenidos con el paso del tiempo serán utilizados para diseñar políticas públicas más eficaces contra el contenido tóxico. Sea lo ya mencionado o las acciones de acoso. También se espera ejercer una mayor presión sobre las plataformas.
Un territorio complicado
Aunque España parece seguir en gran medida el ejemplo establecido por países tales como Australia, es posible que sus medidas sean más severas que las de otros países. Distinguir entre la explotación del contenido polémico y la viralidad natural de algunos videos por su fuerte interés social o sensacionalismo es una tarea complicada. Salvo que se tenga acceso directo a los algoritmos de las plataformas.
La Comisión Europea ha advertido que los países miembros deben atenerse a los preceptos continentales.
