MIE, 22 / DIC / 2010
Rechazan Ley antidescargas pero el PSOE la confía al Senado
La Ley antidescargas española propuesta por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no consiguió el apoyo necesario para su aprobación, con 20 votos en contra frente a 18 a favor de los socialistas, pero ahora el texto irá al Senado, donde se podrán introducir nuevas modificaciones.
De este modo, la normativa también conocida como Ley Sinde podría tomar otra forma y volver al Congreso antes de quedar finalmente descartada.
Tal como les habíamos comentado, la Ley antidescargas contempla el cierre de páginas webs que vulneraran los derechos de autor, mediante la creación de una Comisión dependiente de Cultura que remitiría las webs denunciadas a los juzgados de lo contencioso administrativo para su clausura.
Además, la Ley Sinde integra la Ley de Economía Sostenible y por eso había sido llevada a la Comisión de Economía para que levantara el menor ruido posible, pero ocurrió todo lo contrario y la gran mayoría del tiempo del debate se dedicó a la Ley antidescargas y no a la norma madre.
Según informan distintos medios, la presión popular decantó el voto del resto de partidos del Congreso, que rechazó la Ley, tras varias protestas en contra llevadas a cabo por sitios web con enlaces de descarga, aunque también a favor, como las realizadas por la Academia de Cine y distintas asociaciones de editores, además de varias productoras de cine que cerraron sus webs.
Aunque la medida fue rechazada, esto no implica que la norma haya muerto, dado que la Ley de Economía Sostenible en su conjunto (con el capítulo de la polémica propuesta del Ministerio de Cultura incluído) llega ahora al Senado, donde podrán realizarle una serie de modificaciones.
En el Senado, la norma no se discutirá antes de febrero, el tiempo suficiente para obtener el apoyo de alguna de las fuerzas hasta ayer opositoras.
De acuerdo a Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional del PSOE, “vamos a defender y proteger la propiedad intelectual sin mermar en absoluto la libertad de los ciudadanos y su derecho a consumir cultura”.
La Ley antidescargas española propuesta por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no consiguió el apoyo necesario para su aprobación, con 20 votos en contra frente a 18 a favor de los socialistas, pero ahora el texto irá al Senado, donde se podrán introducir nuevas modificaciones.
De este modo, la normativa también conocida como Ley Sinde podría tomar otra forma y volver al Congreso antes de quedar finalmente descartada.
Tal como les habíamos comentado, la Ley antidescargas contempla el cierre de páginas webs que vulneraran los derechos de autor, mediante la creación de una Comisión dependiente de Cultura que remitiría las webs denunciadas a los juzgados de lo contencioso administrativo para su clausura.
Además, la Ley Sinde integra la Ley de Economía Sostenible y por eso había sido llevada a la Comisión de Economía para que levantara el menor ruido posible, pero ocurrió todo lo contrario y la gran mayoría del tiempo del debate se dedicó a la Ley antidescargas y no a la norma madre.
Según informan distintos medios, la presión popular decantó el voto del resto de partidos del Congreso, que rechazó la Ley, tras varias protestas en contra llevadas a cabo por sitios web con enlaces de descarga, aunque también a favor, como las realizadas por la Academia de Cine y distintas asociaciones de editores, además de varias productoras de cine que cerraron sus webs.
Aunque la medida fue rechazada, esto no implica que la norma haya muerto, dado que la Ley de Economía Sostenible en su conjunto (con el capítulo de la polémica propuesta del Ministerio de Cultura incluído) llega ahora al Senado, donde podrán realizarle una serie de modificaciones.
En el Senado, la norma no se discutirá antes de febrero, el tiempo suficiente para obtener el apoyo de alguna de las fuerzas hasta ayer opositoras.
De acuerdo a Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional del PSOE, “vamos a defender y proteger la propiedad intelectual sin mermar en absoluto la libertad de los ciudadanos y su derecho a consumir cultura“.
