Varias empresas de telecomunicaciones, impedidas de brindar servicios de TV paga, buscan un atajo jurídico que les permita eludir el artículo 45 de la Ley de Medios. Algunas de ellas, que prestan servicios de telefonía y acceso a internet, ya han completado los pliegos y esperan que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) les otorgue licencias para ofrecer servicios Triple Play.
Sin embargo, el artículo 24, inciso D de la Ley de Medios cita que cualquier empresa “prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal” no puede ser “titular o accionista que posea el 10%” de compañías que tengan licencia de “servicios de comunicación audiovisual”. Este artículo no ha sido reglamentado, y para modificarlo se necesita una ley al respecto.
La interpretación de la noción legal de “servicio público” es tratada por algunas compañías. Sostienen que la telefonía no debe considerarse un servicio público, como si lo es la telefonía tradicional que ofrecen Telefónica y Telecom. Según esta interpretación y teniendo en cuenta la legislación en vigor, la telefonía es un servicio de valor agregado. Las dos compañías además están impedidas por el pliego de privatización de Entel, que las ata solamente a la operación de telecomunicación, impidiendo su entrada en la radiodifusión.
Metrotel, empresa que pretende ofrecer servicios de Triple Play, afirma que no existen impedimentos para dar TV paga. En igual situación está Phonevision, que comenzó a ofrecer banda ancha en la zona norte de la Capital. Otras, como Wiltel, que presta servicios en la provincia de Santa Fe, sostienen que hasta que no cambie la legislación están impedidas de dar TV.
La ley de medios impide otorgar licencias de TV paga a sociedades que operen servicios públicos. Las únicas expresamente habilitadas para prestar este servicio son las cooperativas, aunque sean de servicios públicos. Por otra parte permite que un licenciatario de TV paga alquile sus redes a terceros, aún siendo éste un operador de servicios públicos, siempre que no estén vinculadas entre sí mediante accionistas o directores.
Existen particularidades como la de Metrotel, cuyo principal accionista, el grupo Roggio, es concesionario del subterráneo, es decir, un servicio público. Los contratistas del estado, a diferencia de lo que ocurre con los servicios públicos y con los funcionarios, no tienen ninguna limitación para ingresar. Existen también casos como los de 360 TV, propiedad de los dueños de Electroingeniería, Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra. Estos empresarios habrían adquirido además varios pliegos en el concurso en marcha para otorgar 110 licencias de TV abierta entre operadores comerciales de todo el país.
Otra traba existente es la relacionada con la superposición de las jurisdicciones nacional y municipal. Gigared tiene hace años los permisos nacionales en regla para competirle a Cablevisión y a Telecentro, pero el gobierno porteño no le autoriza el uso de espacio público para cableado aéreo ni los permisos para el soterrado. En iguales condiciones podría encontrarse Teledifusora, que ofrece sus servicios en Salta, Rosario y Santiago Del Estero, quien pidió a la AFSCA extenderse hacia Capital Federal.
La disputa entre telefónicas y cableoperadores es clara. Mientras las primeras pretenden alquilar las redes ya tendidas para ofrecer servicios de Triple Play, las segundas piden a cambio que las prestadoras de servicios de telefonía le permitan a ellos dar servicios de telefonía fija y móvil.
En Capital Federal, solo Telecentro ofrece un paquete con los tres servicios. Cablevisión tiene la tecnología, pero aún no ha logrado que el Gobierno le asigne la numeración para ofrecer servicios de telefonía fija.
Fuente: LaNacion.com
