Por: Fernando Triveri / DOM, 4 / MAR / 2012

Ley Sinde-Wert: Más de 200 sitios se autoinculpan desafiando a la Justicia

En www.wertdeenlaces.net los sitios españoles pueden registrarse para presentar una autodenuncia masiva. En el mismo momento en que la polémica ley Sinde-Wert se ponía en funcionamiento, centenares de sitios web presentaron autodenuncias, provocando a la Justicia española para ser cerrados en el marco de la nueva legislación.

Los españoles tienen una larga tradición en desobediencia civil. En una maniobra que remite a la clásica obra teatral Fuenteovejuna, en donde un pueblo entero se declara culpable de un delito para enfrentar a un despótico gobernante, apenas puesta en marcha la controvertida ley Sinde-Wert, más de 250 sitios web se denunciaron a sí mismos para poner en evidencia a una norma abusiva y totalmente contraria a múltiples derechos básicos y fundamentales de los ciudadanos.

Ya habíamos informado que el primer caso ingresado a la Justicia fue una autodenuncia presentada por el músico y miembro de la SGAE Eme Navarro. Sin embargo, ese reclamo no es más que la punta del iceberg del movimiento Hacktivistas, que busca trabar los engranajes burocráticos con miles de denuncias de páginas españolas que según la fría letra de la Ley incumplen con la normativa, pero que al ser analizadas ponen en evidencia los niveles absurdos de control que pretende ejercer la ley Sinde-Wert sobre el contenido publicado en Internet.

Y la lista de sitios dispuestos a autoinculparse continúa aumentando día tras día. En wertdeenlaces.net se están recopilando URLs de sitios de toda España que decidan autodenunciarse, para seguir ingresando a la Justicia cantidades masivas de denuncias de sitios para ser cerrados.

Recordemos que la polémica Ley de Economía Sostenible, públicamente conocida como Sinde-Wert fue creada con el objeto de cerrar cualquier sitio web, con o sin ánimo que lucro, que contenga enlaces a obras culturales protegidas con copyright. El mayor peligro de esta ley es que tiene el enorme poder y la autoridad de cerrar de inmediato un sitio web en base al dictamen de una comisión cuyos integrantes se desconocen, sin garantías judiciales e incluso yendo en contra de sentencias en firme dictadas previamente por jueces españoles.

 

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